1.- ¿Qué se entiende por "servicios de la sociedad de información"?

Es todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, es decir, sin presencia de las partes, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

2.- ¿Qué son los "prestadores de servicios"?

Prestador de servicios, es la persona física o jurídica que suministra un servicio de la sociedad de información.

3.- ¿Qué es el "prestador de servicios establecido en España?

Es aquel que ejerce, de una manera efectiva, una actividad económica a través de una instalación estable y por un periodo de tiempo indeterminado; y siendo sujeto inscribible, esté inscrito él o alguna de sus sucursales en un Registro Mercantil español. Sin que constituya establecimiento por sí mismos, la presencia y utilización de tecnologías y medios técnicos.

4.- ¿Y el "destinatario del servicio":

Es la persona física o jurídica que utilice, por cualquier motivo, un servicio de la sociedad de información, incluido la búsqueda de información y la posibilidad de su acceso.

5.- ¿Qué es "el comercio electrónico"?

-"El comercio electrónico directo":

El que se refiere a los servicios prestados por medios electrónicos, como consultoría, informaciones, traducciones, audio, video, etc.

-"El comercio electrónico indirecto":

Es la contratación por vía electrónica de prestaciones que consisten en la entrega de bienes materiales o de servicios no prestados por medios electrónicos.

6.- ¿Qué materias pretende regular el ordenamiento jurídico español, en relación con el comercio electrónico, los servicios de la sociedad de información y los prestadores de servicios?.

El comienzo de la actividad.
Las titulaciones profesionales.
Cualificaciones.
Publicidad administrativa.
Autorizaciones administrativas o colegiales.
Regímenes de notificaciones.
La calidad, seguridad y contenido del servicio.
La publicidad.
Los contratos.
La responsabilidad del prestador de servicios.

7.- Materias que quedan, excluidas del ámbito de aplicación de la regulación de comercio electrónico, rigiéndose por sus propias normas.

Las cuestiones relativas al ámbito fiscal y tributario.
Los juegos de azar que implique apuestas de valor económico.
La protección de datos personales y de las reglas de la competencia.
Las actividades realizadas en el ámbito de la sociedad de la información por Notarios [Corredores de Comercio] y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
Las actividades profesionales realizada en el ámbito de la sociedad de la información por Abogados y Procuradores de los Tribunales, en el ejercicio de la representación y defensa en juicio.

8.- ¿Qué ocurre con la protección de los derechos de los consumidores y de la salud pública?

Las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley, no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a la protección de la salud pública, y los derechos de los consumidores.

9.- Principios Generales: Régimen de libre competencia y libre prestación de servicios.

No sujeción a autorización previa. Exclusiones:
La prestación de servicios de la sociedad de información no estará sujeta a autorización previa.

Esta norma no afectará a:

Ni a los regímenes de autorización previstos en el Ordenamiento Jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo los servicios de la sociedad de la información.
Ni a los regímenes cubiertos por:
Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones.
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Real-Decreto Ley 14/1999, de 17 de Septiembre, sobre firma electrónica.
Libre competencia dentro de la U.E.:
La prestación de estos servicios se realizará en libre competencia, sin que quepa establecer restricciones para los servicios de la sociedad de la información que procedan de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, por razones derivadas del ámbito normativo coordinado.

Principio de objetividad, transparencia y no discriminación:
Para la Prestación de los servicios de la sociedad de información por las Administraciones Públicas, Organismos y Sociedades de ellas dependientes.

10.- Excepciones.

Los principios de país de origen y libre circulación de servicios:
Los derechos de autor.
La emisión de moneda electrónica por parte de instituciones a las que el Estado Español haya aplicado alguna de las excepciones previstas.
Regulación sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
Coordinación sobre la regulación del seguro directo distinto del seguro de vida, y del seguro de vida.
A las obligaciones contractuales relativas a los contratos celebrados por los consumidores.
La libertad de elección por las partes contratantes, de la legislación aplicable a su contrato.
La licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico.
Los requisitos formales relativos a la validez de los contratos por los que se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan los derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España.
b) Restricciones al régimen de libre competencia:

Las Autoridades u Organismos Públicos podrán adoptar mediadas de restricción, sobre un determinado servicio o prestador de servicios, por razones de:

Orden público, investigación penal, seguridad pública y defensa nacional.
Protección de la salud pública, de los consumidores, y de los menores.
Lucha contra la incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad

11.- La publicidad administrativa.

A efectos de inspección y control, se crea un Registro Administrativo en el Ministerio de Fomento.

Asimismo, el Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Comunicaciones, controlará el cumplimiento, por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de las obligaciones establecidas por Ley. Los prestadores de servicios tendrán un deber de colaboración con la misma.

12.- ¿Es obligatoria la inscripción en dicho registro?

No es obligatoria, sin embargo, deberán solicitar la inscripción con carácter previo al inicio de su actividad, los prestadores de servicios, establecidos en España, que reglamentariamente se determinen; su regulación se desarrollará por Real Decreto.

13.- Obligaciones de los prestadores de servicios.

Solicitar la inscripción en el Registro Administrativo, cuando así venga determinado reglamentariamente.
Comunicación a las autoridades competentes, de:
Las actividades presuntamente ilícitas transmitidas o realizadas por el destinatario del servicio.
Previa solicitud, la identificación de los destinatarios con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.
Supervisar el contenido de los datos:
Cumplir con la obligación de información, tanto a las autoridades como a los destinatarios, entre otras sobre las siguientes materias:
Nombre, denominación social, y datos de inscripción en el Registro Mercantil.
Datos identificación de la autorización administrativa, en su caso.
Datos del Colegio Profesional, titulo académico, Estado de la U.E. que lo expidió, y normas profesionales aplicables, si se trata de una sociedad de la información que ejerce una profesión regulada.
Datos fiscales, e información clara y exacta del precio.

14.- Responsabilidad de los prestadores de servicios.

Responderán de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su actividad, por no actuar con la debida diligencia o por incumplimiento de la Ley.
La responsabilidad será exigible conforme a las normas de la culpa contractual o extracontractual, corresponderá al prestador de servicios, en todo caso, demostrar que actuó con la diligencia debida.